En julio, los peajes de las autopistas concesionadas por el Gobierno nacional tuvieron su primer aumento en más de dos años, que fue del orden del 10%

El Gobierno nacional llamó a una consulta ciudadana a través de la Dirección Nacional de Vialidad para aumentar los peajes de los accesos Norte y Oeste, la autopista Riccheri y otras rutas concesionadas. El ajuste será de un 26,4% en promedio.

El incremento tarifario alcanzará a la Panamericana, operada por Autopistas del Sol; el Acceso Oeste, a cargo del Grupo Concesionario del Oeste (GCO), y a las rutas concesionadas a Caminos del Río Uruguay y Corredores Viales S.A.

Antes de poner en vigencia el ajuste, Vialidad Nacional publicó una resolución en el Boletín Oficial de la República Argentina para llamar a la apertura del procedimiento establecido en el “Reglamento General para la Elaboración Participativa de Normas”.

El reglamento ordena que los aumentos sean puestos en consideración de los ciudadanos, que podrán presentar sus opiniones y observaciones a través de un formulario disponible en el sitio web de la Dirección Nacional de Vialidad.

Una vez cerrado ese procedimiento, el Gobierno nacional quedará habilitado a aplicar las nuevas tarifas, a principios de 2022. El proyecto de Vialidad Nacional plantea un aumento promedio del 26,4%. Los autos particulares que ingresen desde el oeste de la provincia en hora pico pasarán de pagar $71 a $90.

Mientras tanto, los autos que ingresen desde el Norte, tendrán los siguientes aumentos. En las estaciones Debenedetti y Márquez, durante las horas pico pasarán de pagar $66 a $80. En el ramal Tigre, de $71 a $90. Y en el Pilar-Campana, de $82 a $100. El peaje de la autopista Riccheri aumentará de $55 a $80. En todos los casos, se mantendrán los descuentos vigentes con el Telepase.

En julio, los peajes de las autopistas concesionadas por el Gobierno nacional tuvieron su primer aumento en más de dos años, que fue del orden del 10%. La suba anterior había sido en marzo de 2019. Durante 2020 no hubo aumentos, para morigerar el impacto de la pandemia.

Incluso, entre el 20 de marzo de 2020 y el 18 de mayo de 2020 se suspendió el pago de peajes, como parte de las medidas tomadas en el marco de la pandemia de coronavirus. Mientras tanto, las autopistas porteñas administradas por AUSA este año tuvieron un aumento en dos tramos, uno del 55% y el otro del 25%. Y el año 2022 arrancará con una nueva suba, esta vez del 45%.

Millonario reclamo por las tarifas de los peajes

Mientras el Gobierno pone a consideración de la ciudadanía un aumento de peajes del orden del 26,4%, el mayor operador de autopistas del país reclama casi u$s200 millones a las autoridades precisamente por la falta de adecuación de esas tarifas a lo que establece el contrato de concesión.

Se trata del grupo europeo Abertis, principal accionista de Autopistas del Sol (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO), sociedades que administran las rutas Panamericana y el Acceso Oeste y que en el 2018 firmaron con el ex presidente Mauricio Macri la extensión de sus concesiones hasta el 2030 y una nueva fórmula de actualización de los cuadros tarifarios.

Sin embargo, el actual gobierno del Frente de Todos canceló todos los aumentos y puso ese contrato en revisión por entender que contiene muchas irregularidades y pone en riesgo las finanzas del Estado.

En ese marco, durante los últimos años se sucedieron los rechazos a pedidos presentados por Ausol y GCO para readecuar los peajes de acuerdo a la fórmula estipulada en el contrato puesto bajo la lupa que ajustaba las tarifas cada seis meses por inflación calculado por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) y además estableció un mecanismo de compensación de los fondos que las dos empresas dejaron de percibir por los años de congelamiento y que supera los u$s800 millones.

A cambio, Ausol y GCO se comprometían a encarar un ambicioso plan de inversión y a retirar una demanda que la Argentina enfrentaba en los tribunales internacionales del Ciadi por u$s1.240 millones.

A pesar de que el Gobierno otorgó un 9% de suba para este año que termina y pone a debate otro incremento del 26% para el 2022, ambas sociedades mantienen sendos reclamos por los años de cepo y por la fuerte caída de ingresos que sufrieron luego de la declaración de la pandemia y a partir de la disminución de la demanda de tránsito provocada, principalmente, por las medidas de aislamiento y distanciamiento social, preventivo y obligatorio impuestas por el gobierno nacional.

Medidas que fueron sucesivamente prorrogadas desde marzo del 2020 hasta el 1° de octubre pasado y entre las que se incluye la suspensión total del cobro de las tarifas de peaje impuesta por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) entre el 20 de marzo y el 18 de mayo del año pasado.

En los últimos estados de resultados informados por Ausol y GCO a la Comisión Nacional de Valores (CNV) correspondientes al período de nueve meses entre enero y septiembre pasados las empresas aclaran que presentaron ante las autoridades los llamados Planes Económicos Financieros (PEF), de acuerdo con lo previsto en el Acuerdo de Renegociación Tarifaria del 2018 y en relación con la redeterminación tarifaria anual que refleja la incidencia en esa estrategia.

En el caso de Ausol, el cálculo correspondiente al 2019 reflejó la existencia de conceptos adeudados a la sociedad por u$s36.602.751 “correspondientes al período mencionado de acuerdo con lo definido en el Acuerdo Integral (inversión no amortizada e intereses adeudados), los cuales se suman a los conceptos adeudados por otros u$s6.700.000 por el período comprendido entre el 24 de julio de 2018 y el 31 de diciembre de 2018”, según señala la empresa en la nota.

Ausol también reclama deuda correspondiente al 2020, de acuerdo con lo previsto en el AIR en relación con la redeterminación tarifaria anual y que fue complementada el 10 de mayo pasado llegando a la suma de u$s76.262.664 que se agregan a los conceptos adeudados por los períodos 2018 y 2019 por u$s5.082.795 y u$s36.602.751, respectivamente.

“Dichos conceptos adeudados se originaron principalmente con motivo del no reconocimiento de los ajustes tarifarios y la falta de compensaciones al respecto”, detallan los abogados de Ausol.

Con respecto a GCO, mencionan que el 31 de marzo del 2020, de acuerdo con lo previsto en el AIR, presentó a la DNV el plan económico financiero correspondiente al 2019 que reflejó la existencia de conceptos adeudados por u$s5.299.891 que, según la sociedad debían ser cubiertos con los fondos de la cuenta remanente, incluyendo la reserva suficiente, que a esa fecha disponía del saldo de los flujos generados en el período comprendido entre el 24 de julio y el 31 de diciembre del 2018, conforme surge de la presentación del PEF de ese año.

Para el 2020, el cálculo reflejó la existencia de conceptos adeudados a GCO por u$s33.411.501 que se originaron principalmente “con motivo del no reconocimiento de los ajustes tarifarios que se mencionan en el punto siguiente y la falta de compensaciones al respecto”.

El documento recuerda que el acuerdo integral tarifario prevé en su artículo cuarto que el concesionario tendrá derecho a una redeterminación tarifaria anual que refleje la incidencia en el plan económico financiero. “Sin perjuicio de ello, tendrá derecho además a actualizaciones tarifarias mediante la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (“CER”) al final del primer semestre de cada año o cuando la variación del CER desde la última actualización o redeterminación tarifaria, supere el 10%”, añade el documento.

Sostiene también que “desde poco después de la entrada en vigencia del Acuerdo Integral, que tuvo lugar el 24 de julio de 2018, en virtud de distintas medidas públicas se han venido registrando incumplimientos del concedente al régimen tarifario allí previsto”.

Por ese motivo, tanto Ausol como GCO vienen realizando las presentaciones necesarias para rechazar lo que consideran “la violación del AIR y la consecuente afectación de sus derechos”, reclamando en cada caso las compensaciones contractualmente previstas, sin que a la fecha hayan sido abonadas.

Como ejemplo, señalan que el 28 de junio, luego de que culminara el proceso de consulta pública convocado por la DNV, se aprobó un único ajuste para el 2021 inferior al 9,9%, cuadros tarifarios que en el caso del Acceso Norte, entraron en vigencia a partir del día 1º de julio.

“El referido ajuste tarifario es el primero que se otorga desde el 5 de enero del 2019 y contempla una actualización muy inferior a la que habría correspondido de aplicar lo dispuesto en el AIR, ya que el ajuste aprobado en ningún caso supera el 9,9% de incremento, frente a una inflación acumulada a la fecha de emisión de los presentes estados financieros intermedios condensados que supera el 185%”, sostiene la compañía ante la CNV.

Ajuste a cuenta

En este marco, las empresas advierten que el incremento es percibido como un ajuste parcial a cuenta de los aumentos tarifarios contractualmente previstos y que corresponden aplicar según el AIR. Y recuerdan que vienen efectuando diversas presentaciones administrativas ante las autoridades “reafirmando y ratificando la necesidad de que se respete lo convenido en el Acuerdo Integral y manifestando su rechazo y falta de consentimiento con lo dispuesto por la DNV, por resultar ello contrario al régimen tarifario del AIR y vulnerar los derechos de la sociedad”. Asimismo, se solicitó en diferentes oportunidades que se dejen sin efecto las medidas dispuestas y que en lo sucesivo no se impida la entrada en vigencia y aplicación de las actualizaciones tarifarias aplicables sin que el Gobierno diera lugar a la redeterminación tarifaria anual y las actualizaciones tarifarias que habrían correspondido en virtud del régimen tarifario del Acuerdo Integral.

En el caso de Ausol, en su balance agrega a modo de conclusión que “durante los años 2019 y 2020, y en lo que va del actual período, los cuadros tarifarios que ha aplicado la sociedad han sido significativamente inferiores a los que habría debido aplicar en virtud de lo previsto en el AIR, registrando incluso un marcado retraso respecto de la inflación registrada en todo ese período”.

Ante lo que consideran incumplimientos del régimen tarifario del AIR, los abogados de Ausol sostienen que la empresa solicitó oportunamente a la DNV que se procediera al pago de la compensación del déficit de ingresos resultante de la no aplicación plena del régimen tarifario del AIR, tanto respecto del primer y segundo semestre del 2019 como del primer y segundo semestre del 2020.

La sociedad también solicitó a la DNV la correspondiente compensación del déficit de ingresos, determinado como la diferencia entre las tarifas aplicadas y las que habría correspondido aplicar según el AIR por la totalidad de los vehículos pagantes de peaje registrados durante ese período.

“Dicha compensación aún no ha sido pagada”, acusa la empresa que recuerda también haber presentado el 13 de julio pasado otra solicitud de pago de la compensación ante el Poder Ejecutivo Nacional.

Del mismo modo ocurrió con el déficit de ingresos resultante de la no aplicación plena del régimen tarifario del AIR correspondiente al período comprendido entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2021.

Conforme lo dispuesto por el AIR, el Gobierno tiene un plazo de 30 días corridos para abonar las sumas del déficit correspondiente. Y según la sociedad “la falta de pago de dicha compensación correspondiente al primer semestre de 2021 representaría un déficit de ingresos tarifarios de la sociedad con respecto al monto que resultaría de la aplicación plena del Régimen Tarifario de AIR del 69,1% acumulado desde la entrada en vigencia del AIR”.

Ambas empresas aseguran en sus notas ante la CNV que seguirán realizando las presentaciones correspondientes con el objeto de preservar sus derechos y se encuentran analizando los remedios previstos en el AIR y los posibles pasos a adoptar a tales fines.

Fuente: www.iprofesional.com