POLÍTICA / TRAS FRENAR LA REFORMA LABORAL, LA “RESISTENCIA” MULTISECTORIAL VA POR LA PREVISIONAL Y LA TRIBUTARIA

En la “Resistencia Multisectorial” prevén movilizar a miles de personas frente al Congreso para postergar el tratamiento de las reformas laboral, tributaria y previsional. Lo comparan con la marcha de un año atrás, en reclamo por la Emergencia Social.

El discreto triunfo de la “Resistencia Multisectorial” contra la reforma laboral que impulsa Mauricio Macri promete nuevos episodios. La saga de pujas entre la corriente que capitanea Pablo Moyano y el Gobierno nacional continuará esta semana con la segunda embestida: “Caída la laboral, vamos por las reformas previsional y tributaria”.

Sindicalistas cegetistas, ceteístas, clasistas izquierdistas y masistas (con una sola ese) lograron unificar una postura contraria a los cambios que los abogados del Ministerio de Trabajo proponían aplicar a las reglas del mundo del trabajo. Ese rechazo cosechó adhesiones de gobernadores, legisladores opositores, intendentes peronistas, cooperativistas, organizaciones sociales, políticas y estudiantiles, empresarios pymes, de fábricas recuperadas y dirigentes desgajados de todo el país. Admiten puertas adentro, que para emprender el camino fue fundamental contar con la bendición papal y el respaldo de la nueva cúpula de la Iglesia argentina. Ahora se proponen ir por más.

Desde hace varios meses que el secretario gremial de la CGT mantiene aceitados vínculos públicos y reservados con dirigentes ultra K y del renovado PJ bonaerense. Por orden supranacional, el cacique camionero aglutina en un mismo espectro a kirchneristas (Sergio Palazzo, Hugo Yasky, Walter Correa) con referentes del massismo, el randazzismo, el Boque Justicialista, el radicalismo díscolo de la alianza con Cambiemos (Ricardo Alfonsín), el FIT (Rubén “Pollo” Sobrero) y hasta el progresismo. También incita a marchar a los más piqueteros más callejeros: Cristian Miño (CNCT); Gustavo Vera (La Alameda), Daniel Menéndez (Barrios de Pie), Juan Grabois (CTEP) y Juan Carlos Alderete (CCC), entre otros.

El Congreso nacional vivirá este miércoles una frenética jornada política. Por la mañana, los 22 senadores electos en octubre pasado jurarán sus bancas, incluidos tres expresidente. Por la tarde, la Resistencia debutará en la calles de la Ciudad con una multitudinaria marcha frente al Parlamento. Los oradores expondrán allí una catarata de críticas contra los tres proyectos del oficialismo y exigirán a los que trabajan dentro que no los voten. Al menos no este año.

Las patas de la “mesa chica” de la CGT que mercantilizaron el texto de la reforma laboral con los funcionarios de Jorge Triaca se reunirán este lunes en UPCN para ver cómo evitar las bravuconadas de Moyano y compañía. Al menos cómo no quedar pegados.

Las diatribas a la reforma previsional son conocidas y mancomunadas. La nueva fórmula de ajuste jubilatorio, la eliminación de los regímenes de “privilegio” -docentes, judiciales, diplomáticos, lucifuercistas afirman que no lo son-, el desfinanciamiento de la ANSES, la extensión de los años en actividad, etc. Los cuestionamientos a la reforma tributaria llegan desde varias aristas, propia de un espacio multisectorial.

Algunos machacan que sostiene en el tiempo la falta de equidad entre los trabajadores autónomos y en relación de dependencia. Otros aseguran que “saca de lado de los que menos tienen y pone del lado de los socios del Gobierno”, en referencia los cambios que propone la ley para las entidades exentas en el Impuesto a las Ganancias. Genera incertidumbre el gravamen de las indemnizaciones por daño, el sentido que le da a las criptomonedas y las nuevas leyes Penal Tributaria y de Procedimiento Tributario. En el campo rechinan porque permite a las provincias aplicar revalúo fiscales de tierras a piacere, lo que implica encarecimiento del impuesto rural y arrendamientos; la Provincias chillan porque el Estado nacional les achica el margen de maniobra económico financiera. Es que en medio de las modificaciones al sistema tributario y previsional danza el Pacto Fiscal firmado con la Casa Rosada.

Un informe elaborado por Analogías sobre los ganadores y perdedores con estas reformas revela la mayor controversia. “El Gobierno nacional firmó un Pacto Fiscal con las provincias (al que suscribieron todas excepto San Luis) por medio del cual cada una de ellas resigna recursos tributarios propios (fundamentalmente impuestos a los sellos e ingresos brutos) y pierde parte de los ingresos por la coparticipación del Impuesto a las Ganancias. Para el resarcimiento por la merma en la recaudación de las administraciones provinciales, se establece un sistema discrecional de compensaciones, a cambio de que desistan de las demandas judiciales por deudas de coparticipación”, resumió el análisis de la consultora, quien sostiene que tras la firma del acuerdo la más beneficiada fue la provincia de Buenos Aires.

Otro documento que circula entre los integrantes de la Resistencia es el del CEPA. “(Las reformas) se dirigen a desfinanciar la caja de la seguridad social: la reducción de las contribuciones patronales propuesta en la reforma laboral (“blanqueo”), la propuesta de coparticipar el 100% de ganancias para concretar la concesión a Vidal y el acuerdo que estableció Frigerio con los gobernadores respecto de la devolución en cuotas del 15% de retención de ANSES a todas las provincias (5 cuotas de 3% por año). En este esquema, el dinero de los trabajadores – activos y pasivos- se convierte en el verdadero botín a ser apropiado”, indicó el reporte.

• Gobernados y gobernadores

En este marco, desde la Multisectorial buscan convencer (presionar) a los gobernadores de frenar el tratamiento de los proyectos hasta que asuma el nuevo Congreso, el 10 de diciembre. Los que firmaron el Pacto con Macri tienen hasta el segundo miércoles de ese mes (30 días) para sancionar en sus Legislaturas una ley de adhesión al documento federal. El puntano Alberto Rodríguez Saá va primero. Podría seguirle Neuquén. Omar Gutiérrez está furioso con el impuesto al dióxido de carbono (CO2) que se aplicará a combustibles y extracción de hidrocarburos, que según dice, le dificulta las inversiones en Vaca Muerta. El dirigente petrolero y senador cegetista Guillermo Pereyra coincide. Gutiérrez incluyó en su ley provincial de adhesión amplísimas facultades para poder cumplir el Consenso.

En Tucumán un alto funcionario de Juan Manzur leyó los puntos del Pacto y calificó a las medidas de “irresponsables y arbitrarias”. El radical macrista Ricardo Colombi celebró que se evitó un fallo de la Corte Suprema de Justicia, pero reconoció el tibio efecto de la reforma tributaria en las castigadas arcas del interior: “Perdemos recursos por un lado, pero recuperamos por otro, es tablas”. Tierra del Fuego, Mendoza y San Juan lograron que la Nación subsane los “errores” impositivos a las bebidas, pero no quedaron 100% conformes. En Río Negro y el Alto Valle consideran que este paquete de leyes destruirá a la industria juguera.

En Santa Fe varios intendentes de todos los partidos gimotean que la reforma esconde la intención de obligar a los municipios a bajar tasas y derechos produciendo un mayor desfinanciamiento a los estados locales.

El pampeano Carlos Verna mandó al freezer la reforma laboral con su alfil Daniel Lovera en la Comisión de Legislación del Trabajo. Ahora, se queja porque la Nación no le envía “asistencia” para financiar el déficit previsional de su provincia. “Nos deben $ 431 millones”, esgrimió.

El enojo de los mandatarios también se originó en una queja por el manejo de fondos para construcción de viviendas sociales y en el pedido de “ajuste” del empleo público, que en la mayoría de los distritos se utiliza como herramienta política en épocas electorales, como la que pasó hace apenas un mes.

Las sesiones ordinarias finalizan el próximo jueves a las 23.59. En el Senado el PJ y Cambiemos temen al fantasma del “deadline” y ya anticipan tareas inconclusas, con un cronograma laboral prácticamente inviable. En Diputados ocurre algo similar. Las iniciativas -con o sin dictamen- gozan destino final: extraordinarias.

“Si se congelan las iniciativas hasta 2018, para los gobernadores sería la oportunidad de exhibir una demostración de poder”, creen en la Resistencia. Con la próxima conformación de la Cámara de Diputados pasarán a controlar unos 44 legisladores, número suficiente para negociar el quórum con el oficialismo y sentirse indispensables a la hora de aprobar las iniciativas que reclama el Poder Ejecutivo. Si las dos reformas se postergan, se incrementan los trofeos en la repisa de la Multisectorial.

FUENTE: WWW.AMBITO.COM (BUENOS AIRES) – POR SEBASTIÁN PENELLI

Deja un comentario